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Movimiento sindical unido en la lucha

El Decreto 1701 atenta contra la estabilidad laboral, lo cual ha creado justa molestia dentro del sector sindical que se encuentra realizando acciones en defensa de sus derechos laborales.

24 de julio de 2009

El pasado 9 de julio miles de trabajadores agrupados en las distintas organizaciones sindicales: el Frente Unitario de Trabajadores (FUT), Confederación de Trabajadores del Ecuador (CTE), la Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Clasistas Unitarias de Trabajadores (CEDOCUT), la Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Sindicales Libres (CEOSL) y la Unión General de Trabajadores del Ecuador (UGTE), protagonizaron una masiva movilización, como una de las acciones en rechazo al Decreto 1701, emitido el pasado 30 de abril por el primer mandatario. La marcha se dirigió hacia la Comisión Legislativa para además exponer su rechazo a la Ley de Empresas Públicas que actualmente se tramita en esta instancia del Estado, ya que varios puntos, con el pretexto de eliminar los privilegios en el sector público, eliminan la contratación colectiva, poniendo en riesgo la estabilidad laboral del trabajador, además de restringir su organización sindical al impedir que en la misma participen varios sectores de trabajadores. “Estas acciones van en la dirección de defender los derechos laborales de los trabajadores, la estabilidad y, en esta ocasión, la exigencia de que se eleven los salarios como había sido prometido a principio de año por parte del presidente Rafael Correa”, afirma Patricio Aldaz, dirigente de la UGTE. Con estas decisiones en el plano legal, el Gobierno afecta a los trabajadores municipales, de los consejos provinciales, de obras públicas, de la salud y de otros sectores. Producto de estas interpretaciones hay dos elementos claves que afectan a los trabajadores: el primero tiene que ver con quiénes deben pertenecer al Código de Trabajo, ya que clasifican al trabajo en intelectual y físico, excluyendo de dicho Código a las personas que se desempeñan en labores intelectuales como los servidores administrativos, con el ánimo de debilitar al movimiento sindical en general. Un segundo elemento se refiere a la manera en la cual se valoraría la eficiencia mediante una evaluación fuera del contexto real, como el único parámetro para garantizar la estabilidad del trabajador, ya que si un trabajador falla en estas pruebas se anularía su derecho a la jubilación, porque sería despedido. “Creemos que es necesaria la eficiencia en las empresas publicas, pero ésta debe estar en armonía y respeto con los derechos de los trabajadores; en este campo también se está planteando la defensa de la contratación colectiva, que prácticamente quedaría anulada si es que no se revisa bien el Decreto 1701 y también si se aprueba en los mismos términos la Ley de Empresas Publicas”, afirma Aldaz. Ante esto, las organizaciones sindicales anuncian que seguirán en movilización para impedir que se vulneren los derechos como bonificaciones complementarias por derecho de antigüedad, subsidio familiar, subsidio de educación, que son conquistas alcanzadas por los trabajadores durante todos estos años. “Estamos de acuerdo que se limite los privilegios, pero ahora a pretexto de eliminar los privilegios se busca acabar con todos los derechos, lo cual es un atentado a la norma constitucional por eso las organizaciones sindicales continuaremos movilizándonos”, concluye el dirigente.

 

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